El Triunfo del Activismo en México: Cómo el Litigio Estratégico Moldeó las Nuevas Acciones Afirmativas pro Diversidad del INE
En un giro histórico para la política mexicana, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha adoptado un nuevo acuerdo que garantiza una mayor inclusión de personas de la diversidad sexual en las candidaturas políticas. Sin embargo, este cambio no surgió de la nada. Es el resultado de una lucha incansable y un litigio estratégico llevado a cabo por el Movimiento por la Igualdad en México, MOVii, junto con otras organizaciones y activistas.
El camino hacia este logro ha sido arduo y lleno de desafíos legales significativos. Uno de los momentos clave fueron los amparos directos contra el «Plan B», la reforma electoral del Presidente de la República, que buscaba disminuir las acciones afirmativas. Este plan, percibido como un retroceso en la lucha por la igualdad, fue combatido con tenacidad y determinación.
Otro momento crucial fue el Amicus curiae presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta intervención legal fue fundamental para demostrar la inconstitucionalidad del mencionado «Plan B», marcando un precedente importante en la defensa de los derechos y la inclusión.
Además, no podemos olvidar el juicio interpuesto contra el INE por haber emitido un primer acuerdo considerado regresivo en relación a las acciones afirmativas. Este juicio fue un claro ejemplo de cómo la sociedad civil puede y debe jugar un papel activo en la defensa de sus derechos.
Gracias a estos esfuerzos, hoy vemos un cambio significativo en la regulación electoral. Según el nuevo acuerdo, los partidos políticos nacionales deben postular al menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 Distritos Electorales federales para las diputaciones por el principio de mayoría relativa.
En el caso de la representación proporcional, se requiere postular una fórmula dentro de los primeros diez lugares de la lista en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales.
En cuanto a las candidaturas a senadurías, los partidos políticos nacionales deben postular una fórmula de personas de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa en cualquiera de las entidades federativas, siguiendo un criterio de competitividad.
Este acuerdo es un claro ejemplo de cómo el litigio estratégico y la presión social pueden generar cambios significativos en las políticas públicas. Es un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la inclusión es continua y requiere de la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
En resumen, el nuevo acuerdo del INE no es solo una victoria para la comunidad de la diversidad sexual, sino también un triunfo para la democracia y la representación justa en México. Demuestra que, a través de la perseverancia y el compromiso, es posible lograr un cambio significativo y duradero en nuestro sistema político.
